Durante varias semanas las redes sociales, y otros servicios como la Wikipedia o Google desarrollaron una campaña contra las actas norteamericanas SOPA y PIPA que, como sabemos, ponía en grave riesgo la libertad de comunicación por Internet. Luego vino toda la pelotera de Megaupload. Parece que la cosa no para: ahora se toma conocimiento de otra acta propuesta en el Congreso de los Estados Unidos, la Research Works Act (RWA, H.R.3699) que incluso puede ser más peligrosa que las anteriores dos, afectando esta vez a la difusión del conocimiento científico.

Veamos algún detalle de lo que dice [la traducción es nuestra]:

“Para asegurar la publicación y la integridad de las investigaciones con Peer-Review del sector privado (…) Ninguna dependencia Federal podrá adoptar, implementar, mantener, continuar o realizar cualquier otro tipo de políticas, programas, u otra actividad que: (1) causen, permitan o autoricen la difusión por la red de cualquier trabajo de investigación del sector privado sin el consentimiento previo de la editorial de dicho trabajo, o (2) requiera que cualquier autor real o potencial, o el empleador de dicho autor real o posible, asienta a la difusión de la red de un trabajo de investigación del sector privado”.

Según Michael Eisen de PLoS: “Si el proyecto es aprobado, para leer los resultados de la investigación con fondos federales, la mayoría de los estadounidenses tendrían que comprar el acceso a los distintos artículos a un costo de $ 15 o $ 30 cada uno”.

La gravedad del acta es mayúscula, desde hace años se libra una batalla explícita entre los científicos, asociaciones, revistas de acceso abierto y bibliotecarios, que persiguen que el conocimiento sea de acceso libre, por un lado; y las grandes editoriales científicas, agrupadas en la Association of American Publishers (AAP) (aunque algunos miembros como MIT Press o Nature se han restado de la iniciativa) y particularmente contra la gigantesca editorial holandesa Elsevier (que sostiene la mayor base de datos de papers: ScienceDirect). La causa, las ingentes fortunas que se mueven por el acceso a revistas indexadas por parte de las universidades y los centros de investigación: solo como dato duro, solo en 2010, Elsevier obtuvo beneficios por 865 millones de euros.

El asunto puede incluso ser más oscuro. De acuerdo con la Mike Taylor, para The Guardian, los dos promotores de la iniciativa RWA, Darrell Issa (R-CA) y Carolyn B. Maloney (D-NY) han recibido donaciones directas desde Elsevier:

“La conclusión de los científicos es que muchos editores se han convertido en sus enemigos en lugar de los aliados que alguna vez fueron. El negocio de Elsevier no es ganar dinero con la publicación de su trabajo, sino haciendo exactamente lo contrario: restringir el acceso al mismo” (Taylor, 2012).

Una de las aristas de este caso es la lucha ahora frontal de los científicos contra Elsevier. El periódico El Mundo de España publica un artículo acerca de esta confrontación, en que la comunidad científica mundial acusa a Elsevier de:

1) Cobrar precios exorbitantes para las suscripciones a revistas individuales.

2) A la luz de estos altos precios, la única opción realista para muchas bibliotecas es llegar a un acuerdo para comprar grandes “paquetes”, que incluyen muchas revistas que aquellas bibliotecas en realidad no requieren. Elsevier, por tanto, logra enormes ganancias explotando el hecho de que algunas de sus revistas son esenciales.

3) Apoyar medidas tales como SOPA, PIPA y la RWA, que tienen por objeto limitar el libre intercambio de información.

Se puede firmar en contra de Elsevier en http://thecostofknowledge.com/.

Solo nos queda decir, como Tercera Cultura que si un acta como RWA logra ver la luz, nosotros nos veremos directamente afectados por la dificultad de acceder a las investigaciones, y en consecuencia el trabajo de nuestra página se irá a las pailas.

 

 

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